El Tribunal Provincial de Pinar del Río sentenció a cinco jóvenes, todos menores de 20 años, a penas de hasta ocho años de prisión por perpetrar asaltos armados con machetes. El juicio, que tuvo lugar de manera oral y pública el pasado 30 de abril, concluyó con la imputación de un delito de robo con violencia e intimidación en las personas a los acusados.
Los implicados, que se encontraban bajo prisión provisional, tenían entre 16 y 19 años en el momento de los hechos. Los asaltos se llevaron a cabo durante las madrugadas del 4 y 5 de abril de 2023 en las avenidas Borrego y Colón de la ciudad de Pinar del Río. Armados con machetes y maderos, y con capuchas cubriendo sus rostros, atacaron a seis jóvenes universitarios, robándoles sus pertenencias y generando un clima de terror entre las víctimas.
Según detalla un reporte del periódico Guerrillero, citado por Cubadebate, estos actos violentos provocaron un ambiente de temor, especialmente entre la población universitaria, contradiciendo los principios de tranquilidad ciudadana que el gobierno de Cuba pretende promover.
Las autoridades judiciales tomaron en consideración la juventud de los acusados para dictar las sentencias, las cuales podrían haber sido más severas dado que el Código Penal cubano prevé penas de entre ocho y 20 años para este tipo de delitos. Además, se analizó el impacto de los robos en el patrimonio de las víctimas, particularmente en un contexto de crisis económica, y se reconoció el carácter pluriofensivo del delito, que afecta tanto la propiedad como la integridad física de las personas.
Recientemente, la prensa oficialista reportó una pena de 30 años impuesta por el tribunal de La Habana a un individuo por un asesinato relacionado con una tentativa de salida ilegal del país, donde se cometieron otros delitos. La víctima, que fue encontrada con heridas de arma blanca, se había retractado de entregar su carro para el proyecto de fuga, lo que motivó su asesinato.
En otro juicio paralelo, cuatro personas fueron condenadas a entre 10 y 13 años por tráfico de personas. A pesar de estos hechos, altos funcionarios de la Fiscalía General de Cuba han negado un aumento en la violencia criminal en la isla, atribuyendo a las redes sociales una exageración de la percepción de criminalidad debido a su amplio alcance e influencia en la opinión pública.