El Departamento de Justicia, junto con el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) de Estados Unidos, anunció la captura de más de 3,000 intermediarios financieros, conocidos como 'mulas de dinero'. Estos individuos juegan un papel crucial en la transferencia de dinero procedente de fraudes hacia grupos criminales internacionales.
En un comunicado, las autoridades explicaron que estas 'mulas' se involucran en diversos tipos de fraudes, como estafas de lotería, engaños amorosos y malversación de fondos públicos, afectando principalmente a personas mayores. "Muchos de los detenidos fueron inicialmente engañados por relaciones ficticias o falsas loterías y terminaron moviendo fondos ilícitos sin saberlo", detalló el comunicado.
En algunos casos, las víctimas fueron reclutadas para supuestos trabajos desde casa, sin ser conscientes de que estaban apoyando actividades delictivas. Benjamin C. Mizer, fiscal involucrado, destacó la importancia de estas detenciones para "mantener el dinero fuera del alcance de criminales y en manos de ciudadanos honestos". A su vez, reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia en combatir el fraude y proteger a los ciudadanos.
La operación también incluyó la implementación de procesos penales y el envío de cerca de 2,970 cartas de advertencia a individuos potencialmente engañados por estafadores. Uno de los casos más relevantes fue la acusación de 16 personas en una estafa dirigida desde República Dominicana, que perjudicó a numerosos ancianos en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
"Perseguiremos sin descanso a aquellos que intenten mover fondos de manera ilegal", afirmó Michael Nordwall, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI. Además, las autoridades están intensificando las campañas de información para educar al público sobre cómo los estafadores emplean a las 'mulas' y cómo evitar ser implicados en estos delitos.
Esta iniciativa subraya el esfuerzo continuo de las autoridades federales por prevenir el fraude y asegurar la integridad económica de los ciudadanos, protegiendo especialmente a los más vulnerables de ser explotados por redes criminales internacionales.